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El Tribunal Supremo de EE.UU. permite al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) acceder a datos de la Administración del Seguro Social (SSA), generando controversia y preocupaciones sobre la privacidad. Voces disidentes alertan sobre los riesgos para millones de ciudadanos y la necesidad de mayor vigilancia.

El sueño de los robotaxis autónomos choca con la realidad en Los Ángeles tras actos de vandalismo e incendios. ¿Qué papel juegan las protestas por las políticas migratorias y la vigilancia en la aceptación de esta tecnología disruptiva? Descubre cómo estos incidentes impactan la confianza pública.

Los ciberdelincuentes están utilizando proxies residenciales para ocultar sus actividades, lo que dificulta la detección y respuesta. Este nuevo enfoque exige una reevaluación de las estrategias de ciberseguridad y una mayor colaboración entre las entidades para mitigar los riesgos.

Una IA del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Elon Musk, canceló contratos vitales del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA). Expertos advierten sobre los riesgos de implementar IA sin validación. El Congreso exige transparencia. ¿El resultado? Servicios de salud comprometidos.

Una directriz judicial obliga a OpenAI a retener indefinidamente los registros de chat de ChatGPT, generando alarmas sobre la privacidad digital. ¿Considerarías cambiar de plataforma ante estas medidas? La orden judicial plantea interrogantes sustanciales sobre la custodia de datos y la confianza en la era digital. La conversación está abierta. Sigue Tendencias Digitales.

Una orden judicial obliga a OpenAI a preservar los registros de usuarios de ChatGPT, incluso los eliminados. Esto surge por una demanda de infracción de derechos de autor y acusaciones de destrucción de pruebas. OpenAI argumenta que la orden es prematura y arriesga la privacidad de millones, generando preocupación entre los usuarios. ¿Cómo afectará esto al futuro de la IA?

Una demanda judicial masiva golpea al HHS por despedir a 10,000 empleados debido a datos erróneos. Se alegan violaciones de privacidad y negligencia sistémica. El Secretario de Salud admite fallas y promete reversiones. ¿Qué implicaciones tendrá este caso para la política de datos gubernamentales? ¡Únete a la conversación!